El PP da respuesta a nuestras preguntas.

¿Revisó la Xunta las listas al completo? ¿Cuál fue el procedimiento utilizado?

Cuando salió esta inquietud vecinal a la luz pública, el Partido Popular pidió al anterior Bipartito de la Xunta que procediese a la revisión de los expedientes de los adjudicatarios de las viviendas de protección oficial. Hay que recordar que la anterior Xunta se negó en redondo a realizar esta revisión y ha tenido que ser la actual Xunta la que iniciase ese proceso. Dado que es un proceso muy laborioso en el que hay que revisar un gran volumen de expedientes, todavía no se ha terminado de revisar toda la documentación. El Delegado Territorial, Diego Calvo cumplió su palabra y ordenó la revisión exhaustiva de los expedientes, con más razón toda vez que este proceso está admitido a trámite en los tribunales de justicia y también esta siendo revisado por el Valedor do Pobo. También hay que recordar que Diego Calvo ha mantenido reuniones con las Asociaciones de vecinos que han mostrado mayor preocupación con este proceso y que su compromiso es continuar con la ronda de contactos.

Respecto al proceso de elaboración de las listas, hay que recordar que el listado de adjudicatarios lo elabora el Ayuntamiento de La Coruña.
 ¿Creen que sería adecuado que varias familias chabolistas de Penamoa accediesen a viviendas en un mismo edificio en Novo Mesoiro?

El Partido Popular continúa pensando lo mismo sobre esta cuestión. Los expertos en integración NO recomiendan la concentración de chabolistas en una misma zona. Concretamente opinan que «las estrategias de dispersión de familias resultan más fácilmente sostenibles. Por el contrario, los grandes barrios de promoción pública son mucho más vulnerables a los rebrotes de chabolismo y a otras formas de infraviviendas. Una alta concentración de población realojada en un mismo barrio, frecuentemente ha causado problemas sociales con el vecindario«.

 Ningún partido político en democracia está en contra de los procesos de integración, pero lo que está claro es que hay que hacer caso a las recomendaciones de los expertos y aprender de experiencias anteriores que han resultado exitosas. En consecuencia, el sentido común nos dice que hay que apostar por procesos de integración donde predomine la dispersión de las familias realojadas. Partiendo de este principio, el Gobierno municipal es el único responsable de no haber optado desde el inicio del proceso por una estrategia de dispersión de los chabolistas que se quiere realojar. En vez de haber hecho lo que recomiendan los expertos, el Gobierno municipal ha tramitado y dado luz verde a un listado de adjudicatarios que posibilita su concentración en dos barrios de la ciudad.

 
 ¿Entregarán antes las viviendas de Novo Mesoiro que las de Eirís? ¿Al mismo tiempo?

Lo primero que hay que garantizar es que las viviendas que se entreguen estén en condiciones para poder habitarse dignamente. A día de hoy, las viviendas de Eirís están en proceso de reparación de diversos desperfectos constatables y que se pueden verificar en el informe de los técnicos de la Xunta, ya que el anterior Bipartito de la Xunta no las reparó. En principio, según la información de que disponemos, las obras tienen una duración prevista de entre 2 y 3 meses.

 Caso distinto es el de las viviendas de Novo Mesoiro, ya que la empresa constructora aún no ha rematado las viviendas y ha pedido una prórroga.

 

¿Son conscientes en el Partido Popular del gran rechazo que provocaría en un barrio tan joven como Novo Mesoiro que finalmente se instalen familias chabolistas sin ningún tipo de integración real como ustedes mismo denunciaban hasta hace poco?

No sólo somos conscientes de los problemas sociales que pueden derivar de una integración mal realizada, sino que insistimos en una cuestión que hasta ahora no se ha comentado suficientemente. Nadie puede responder a la pregunta ¿han llevado a cabo los servicios sociales del Ayuntamiento los programas de aprendizaje social e integración previos al proceso de realojo?. Este tema, principal prioridad de la Comisión de Integración de Penamoa, no parece que se haya desarrollado con eficacia y, sobre todo, con transparencia, ya que los propios integrantes de la Comisión, entre los que se encuentran los representantes vecinales de Novo Mesoiro, así lo han manifestado reiteradamente. El PP lo ha manifestado en múltiples ocasiones: integrar NO consiste en dar pisos, es un proceso mucho más complejo que ha de desarrollarse con tiempo, planificación, seriedad y transparencia. Creo que todos los representantes políticos y vecinales, más aún los que están representados en esa Comisión, tienen la obligación de exigir al Gobierno municipal que aclare si se está llevando a cabo los pasos previos para que el proceso de integración tenga éxito.

 Llama la atención que, a pesar de que el alcalde Losada haya prometido que no irá ningún chabolista a barrios como Novo Mesoiro y Los Rosales, sus representantes vecinales formen parte de la Comisión de Integración de Penamoa, mientras que los de otros barrios como El Castrillón se les impida verificar la transparencia y eficacia del trabajo que tiene que llevar a cabo la Concejalía de Servicios Sociales, en todos los pasos previos a la adjudicación de viviendas. No vale como disculpa el argumento de que en esa Comisión ya está un representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos, porque si ostenta la representatividad de todas las asociaciones vecinales, entonces no se entiende porque se encuentran personas que representan a barrios concretos.

 Desde el Partido Popular queremos recordar que, en una muestra más de sectarismo de este Gobierno municipal, se nos ha impedido formar parte de la Comisión de Integración de Penamoa y, en consecuencia, se ha impedido a unos representantes democráticamente elegidos por los ciudadanos realizar su labor de control de este proceso y garantizar la transparencia que debe imperar en los pasos previos, necesarios para garantizar una integración efectiva.

 Si Francisco Mourelo, Concejal de su partido, abanderó la denuncia que se presentó por irregularidades en las listas, ahora que la postura del PP gobernando en la Xunta es que tales listas no contienen irregularidades ¿retirará la denuncia?

Volvemos a insistir en que la elaboración de las listas de adjudicatarios ha sido realizado por el Ayuntamiento de La Coruña. Ha sido el Ayuntamiento el que ha tramitado y dado el visto bueno a la documentación para acceder a los pisos de protección oficial, en este proceso la Xunta no ha tenido nada que ver.

 Las herramientas administrativas que tiene la Xunta de Galicia pasan por comprobar que en cada expediente constan todos los papeles que requiere la ley. La Xunta no puede poner en duda los certificados que han sido elaborados por el Ayuntamiento, solo puede comprobar que están en regla y se corresponden con los requisitos que fija la normativa para este tipo de procesos. Otra cosa bien diferente es la capacidad de los juzgados para investigar la documentación aportada por el Ayuntamiento en cada uno de los expedientes. En consecuencia, la Xunta solamente puede realizar una comprobación administrativa de la documentación y los juzgados pueden investigar si lo que consta en los papeles que ha remitido el Ayuntamiento se ajusta a la realidad.

Francisco Mourelo actuó en calidad de Presidente de una Asociación de vecinos cuando presentó la denuncia que ha sido admitida a trámite ante el Valedor do Pobo y, tanto en calidad de vecino como en calidad de concejal, seguirá defendiendo los mismos principios que cuando solamente era representante vecinal, independientemente de quién este gobernando en la Xunta de Galicia: transparencia en el proceso de adjudicación y coherencia con los principios de dispersión que recomiendan los expertos.

 La denuncia a la que hace referencia la pregunta, admitida a trámite en el Juzgado nº 2, no ha sido presentada por Francisco Mourelo ni por la Asociación de Vecinos del Castrillón, sino por una serie de vecinos del barrio, por lo que Francisco Mourelo no tiene ninguna capacidad de influir en la decisión de unos particulares de mantener o retirar una denuncia.

 ¿Le pedirán perdón al gobierno municipal por haber dudado de la forma en que se realizaron las listas ahora que han reconocido que todo está bien hecho?

Conviene recordar, para ser fieles a la verdad, que el Partido Popular insistió en que se revisasen las listas de adjudicatarios para garantizar la legalidad de todo el proceso y tranquilizar a los ciudadanos que ponían en duda la transparencia de este proceso. El anterior Bipartito de la Xunta se negó y la actual Xunta lo está llevando a cabo, revisando desde el punto de vista administrativo la documentación de cada uno de los expedientes. Diego Calvo ha afirmado que «hasta el momento» no se ha apreciado ninguna irregularidad administrativa, que haga pensar que los documentos remitidos desde el Ayuntamiento no sean legales desde el punto de vista administrativo.

El hecho de que no se apreciasen hasta el momento irregularidades administrativas, no supone un reconocimiento de que el proceso de elaboración de las listas se ha hecho de la forma más adecuada. Los representantes vecinales han pedido transparencia y ésta ha llegado con la nueva Xunta de Galicia, que ha sido la que ha comenzado el proceso de revisión de los expedientes.

 ¿Les preocupa el hecho de que se produzcan nuevos actos de protesta en el barrio, en este caso dirigidos contra la Xunta y el Partido Popular?

Al Partido Popular no le preocupan las críticas, sean o no justas, y nunca actuará en función de presiones o amenazas, ni tratará de pescar votos en río revuelto como hacen otros partidos políticos. Si de algo es responsable el Partido Popular en todo este proceso, fue de tomar la decisión en el año 2004 de construir viviendas sociales para facilitar una vivienda en nuestra ciudad a muchas personas que hasta el momento no podían tener una vivienda digna. Hay que recordar que en los 24 años de gobierno municipal socialista y en los dos añios de Bipartito municipal miles de coruñeses se han visto obligados a marcharse a vivir fuera de nuestra ciudad porque era inasumible comprar o alquilar una vivienda, ya que en todo ese período han sido muy escasas las políticas de promoción de vivienda pública. También es responsable de comenzar un proceso de revisión administrativa de los expedientes de adjudicación de viviendas, para garantizar la transparencia que negó el anterior Bipartito de la Xunta. Por último, cuando todo el proceso de revisión finalice, la nueva Xunta de Galicia continuará el contacto con los representantes vecinales para informar de los pasos que se van a dar para garantizar el éxito en el proceso de integración bajo la premisa de dispersión.