La cooperativa de policías acusa al juzgado de archivar la denuncia por irregularidades en las adjudicaciones sin revisar los expedientes

Los adjudicatarios de las viviendas, durante el sorteo de los pisos celebrado en diciembre. (Fotografía de Carlos Pardellas).
Los adjudicatarios de las viviendas, durante el sorteo de los pisos celebrado en diciembre. (Fotografía de Carlos Pardellas).

Según una noticia de La Opinión publicada hoy, y remitida por Chiky a nuestro foro:
Los policías acusan al juzgado de no examinar el reparto de los pisos sociales de Eirís
La concejal de Servicios Sociales asegura que la cooperativa constituida por miembros de las fuerzas del Estado puso «en peligro la seguridad de los ciudadanos» al intentar «provocar conflictos de tintes xenófobos».

TANIA SUÁREZ | A CORUÑA La cooperativa de policías de Eirís que denunció irregularidades en la adjudicación de 256 pisos sociales acusa al juzgado que archivó su demanda de no examinar los expedientes de los beneficiarios de las viviendas. «No hizo lo más mínimo. Pretendían que fuésemos allí nosotros y que revisásemos los tres mil expedientes. Nosotros les dijimos que eso es labor de la policía judicial, por eso la archivaron», asegura uno de los portavoces de la Sociedad Cooperativa Galega de Vivendas Parque de Eirís, cuyo presidente y la mayoría de sus miembros forman parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Los denunciantes advierten de que presentaron un recurso contra el archivo del caso y aseguran que confían en que la Audiencia Provincial lo admita a trámite. «No tengo ninguna duda de que lo va a estimar. Ya le dije al delegado de la Xunta que se apresuró al decir que los expedientes estaban bien hechos administrativamente porque preguntó a los funcionarios que los hicieron y no le iban a decir que estaban mal», afirma uno de los componentes de la cooperativa de policías. El afectado recalca que en las listas había personas fallecidas y sostiene que fueron manipuladas para incluir en ellas a chabolistas residentes en Penamoa.

La concejal de Servicios Sociales, Silvia Longueira, exige al Partido Popular, a la asociación de vecinos O Cruceiro y a la sociedad que presentó la denuncia que pidan «perdón» a los funcionarios que elaboraron la relación de beneficiarios de las viviendas. «La decisión del magistrado de archivar la denuncia contra el Concello demuestra que los señores Negreira, Mourelo y Calvo han mentido a los vecinos y han agitado un conflicto de tintes xenófobos por razones partidistas», asegura.

La edil acusa a los miembros de la cooperativa de interponer la demanda con «mala fe» porque sabían, según ella, que no había «motivo que la justificase». Longueira, además, recalca que los policías deberían «velar por la seguridad de los ciudadanos en lugar de ponerla en peligro intentando provocar conflictos de tintes xenófobos».

«Un juez zanjó el asunto tras meses de acusaciones injustas, movilizaciones orquestadas por autodenominados representantes vecinales que sólo representaban al PP, insultos y calumnias y dejó claro el buen nombre de los funcionarios, que realizaron su trabajo correctamente y conforme a la legislación vigente», subraya Longueira, quien recuerda que el delegado de la Xunta en A Coruña, Diego Calvo, también admitió que las listas están «bien hechas».

La Concejalía de Servicios Sociales culpa al Partido Popular de retrasar la entrega de las 256 viviendas sociales de Eirís y Novo Mesoiro. La Xunta, sin embargo, insiste en que agilizó lo que pudo el sorteo de los pisos y asegura que el Gobierno presidido por Emilio Pérez Touriño dejó que los inmuebles se deteriorasen. «El delegado de la Xunta en A Coruña ha sido el único que ha puesto luz y taquígrafos en este proceso reuniéndose con todas las partes implicadas. Ha sido la Xunta quien ha tenido que realizar el trabajo que estaba sin hacer en tiempo récord a pesar de los obstáculos puestos por el Gobierno local», afirma Julio Flores, concejal del Partido Popular.

Tanto la Xunta como el grupo municipal del PP destacan que respetan la decisión del magistrado del Juzgado de Instrucción número 2 de A Coruña, que archivó la investigación porque no detectó que el Ayuntamiento hubiese cometido algún delito en la elaboración de las listas de beneficiarios de las viviendas. El grupo popular, no obstante, asegura que el Ayuntamiento «ocultó información» a los vecinos de Eirís y Novo Mesoiro y lo acusa de «intentar manipular» a los adjudicatarios y a los expropiados transmitiéndoles «informaciones contradictorias».

Los residentes en Eirís opuestos a la política municipal de realojo de los chabolistas de Penamoa insisten en que el Concello manipuló los expedientes para incluir en ellos a vecinos del asentamiento. «Está claro que hay irregularidades», subraya uno de los portavoces de los afectados. Los habitantes de Novo Mesoiro afirman que el auto de archivo del juez «no cambia nada» y aseguran que están «satisfechos» porque sólo dos familias del poblado chabolista residirán en la zona.